En la reunión, efectuada en la Asamblea Legislativa, participaron los presidentes de ese Poder del Estado, Rodrigo Arias, de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, y de la Sala Penal, Patricia Solano, así como el Fiscal General, Carlos Díaz, y los jefes de las seis fracciones representadas en el Congreso tico.
El objetivo de darle vía rápida a la discusión parlamentaria de esa reforma legal radica en ampliar los plazos para realizar investigaciones, debates, prisiones preventivas y hasta apelaciones, cuando se trate de este tipo de delincuencia, además de extender el tiempo de deliberación y dictado de la sentencia.
Para Aguirre, ese proyecto de reforma legal posiblemente es la iniciativa más importante en conocimiento de la Asamblea Legislativa en la actualidad, y de aprobarse -apuntó- sería una herramienta clave en la lucha contra la delincuencia organizada y la inseguridad.
La mencionada propuesta de modificación está en análisis en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico y según su presidenta, Gloria Navas, existe un buen ambiente para aprobar la vía rápida y así darle prioridad a su discusión y aprobación, pese a que -añadió- primero debe vencer las 400 mociones presentadas por dos diputados.
La presidenta de la Sala Penal explicó que la sanción de este proyecto permitirá que entre en funcionamiento la jurisdicción organizada contra el crimen organizado, pues -indicó- los plazos de prisión se podrían prolongar para este tipo de investigaciones, la cuales son muy complejas.
En ese sentido, el Fiscal General alertó sobre el peligro de que en junio próximo varios cabecillas de bandas organizadas podrían quedar en libertad por el vencimiento del tiempo de prisión preventiva, con el consecuente incremento de la violencia en el país.
De ahí que, subrayó Díaz, la reforma es clave porque dará herramientas a nivel procesal como la ampliación de plazos de prisión preventiva, de la suspensión de los juicios, la continuidad de los mismos y para el dictado de las sentencias.
El encuentro ampliado de hoy dió continuidad a la cita que tuvieron autoridades de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial el pasado día 20, en la cual decidieron acelerar ocho proyectos de ley para combatir la ola de criminalidad que enfrenta Costa Rica, con la cifra récord de 205 homicidios en lo corrido de 2023.
En 2022, este país contabilizó 654 asesinatos y una tasa de 12,6 por 100 mil habitantes, ambas también cotas máximas históricas.
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