Según datos provistos por el Gobierno federal, se estima que unas 155 mil personas esperan a que se levante la norma en refugios y en calles en ciudades mexicanas limítrofes con el vecino norteño, y en desafío a las advertencias de que, no obstante el levantamiento de la medida, se mantendrá una política que priorizará las deportaciones.
El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, enfatizó que los funcionarios están preparados para la expiración de la controvertida disposición y aclaró a quienes aguardan para ingresar al territorio que “la frontera no está abierta, no ha estado abierta y no estará abierta en una fecha posterior al 11 de mayo”.
El titular agregó que el Gobierno aumentó los recursos para “efectuar un mayor número de devoluciones cada semana” y aseguró que se aplicará en sustitución del anterior el también polémico Título 8, una política que permite “expulsar a personas de forma muy rápida”, y que incluye una prohibición de reingreso y un proceso penal.
Bajo esta regla, en teoría, quedarían inhabilitadas las solicitudes de los migrantes si cruzan la frontera ilegalmente y no piden asilo en un país por el que ya hayan viajado.
Con esta regulación la consecuencia será más severa, remarcó el funcionario.
“A las personas que están pensando en migrar: no les crean a los contrabandistas (…) están siendo engañados y están arriesgando sus vidas y sus ahorros solo para encontrar una consecuencia que no esperan en nuestra frontera sur”, enfatizó.
A estas declaraciones, Corey Price, funcionario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas añadió que “al igual que los adultos solteros, los no ciudadanos que viajen con sus hijos y que no tengan una base legal para permanecer en los Estados Unidos serán expulsados y se les prohibirá el reingreso durante al menos cinco años».
En tanto, los estados del sur de Estados Unidos buscan aplicar leyes que, según estiman las asociaciones defensoras de los derechos civiles, solo promueven el racismo y la xenofobia.
En Florida, por ejemplo, el gobernador Ron DeSantis está próximo a firmar un amplio proyecto de ley contra la inmigración que promulgaría políticas punitivas para los trabajadores indocumentados, incluso para aquellos residentes en otro estado del país.
La norma SB 1718, que fue aprobada por la legislatura del territorio la semana pasada, prohibiría a los gobiernos locales contribuir con dinero a organizaciones que crean tarjetas de identificación para personas indocumentadas y prohibiría el uso de licencias de conducir de otros territorios emitidas legalmente a personas que no son ciudadanos.
La Unión Americana de Libertades Civiles de Florida rechazó la propuesta, diciendo que exacerbará la discriminación racial por parte de las fuerzas policiales y que equivale a un “abuso del poder del Estado”.
También en Texas, grupos defensores de derechos humanos realizaron protestas para exigir que los legisladores rechacen los proyectos H.B.20 y H.B.7.
Según alegaron, en conjunto, esas normas representan un esfuerzo extremo y peligroso que codificaría y expandiría un sistema policial, judicial y penitenciario fronterizo que hasta la fecha ha resultado en lesiones, muertes, discriminación racial, condiciones de detención abusivas, y en la limitación de las libertades básicas.
Es justamente en medio de este panorama, acertadamente descrito como caótico, que el Título 42 llega a su fin en Estados Unidos.
Asimismo, la administración del presidente Joe Biden ordenó el despliegue de mil 500 militares en servicio activo, para supuestamente apoyar a los agentes fronterizos en funciones administrativas, no en la aplicación de la ley, durante 90 días.
El mandatario también conversó telefónicamente con su par mexicano, Andrés Manuel López Obrador, sobre “la importancia de mejorar la cooperación” entre ambos países para gestionar la migración sin precedentes esperada en la región, difundió la Casa Blanca.
Biden confesó además que considera que la situación en la frontera sur se vuelva “caótica”.
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