La primera fase del proceso titulado “Opciones de política de justicia transicional” tuvo lugar con éxito en ciudades de la región de Oromia, y desde este martes y hasta el 17 de junio se incorporan 12 localidades de Sidama, del suroeste y sur del país.
En agosto culminará la iniciativa elaborada por un grupo de expertos de alto nivel organizado por la cartera de Estado y prevista a discutirse en 58 ciudades donde participan individuos y partes interesadas que representan a todos los sectores de la sociedad.
Un objetivo de la consulta pública nacional es llevar a cabo un debate sobre propuestas de políticas alternativas presentadas por expertos y compartan libremente sus aportes para desarrollar el documento final.
En abril pasado, Mareshet Tadesse, miembro del Grupo de Trabajo de Justicia Transicional, declaró a la Ethiopia News Agency que, a raíz de esos diálogos con las comunidades, elaboraron un documento para lograr el objetivo de transformar la violencia cíclica y la cultura política del país en un futuro pacífico.
Tadesse recordó que el grupo goza de independencia y cierta distancia de la estructura gubernamental para una mayor transparencia y desde febrero pasado ha realizado cinco consultas con partes interesadas claves dentro y fuera del gobierno.
Entre los participantes se encontraban comisionados de la antigua Comisión de Reconciliación y de la Comisión de Límites e Identidad, fiscales de Justicia e investigadores, entre otros.
Reveló que identificaron más de 60 áreas para la realización de consultas con víctimas, comunidades afectadas por el conflicto, líderes religiosos y comunitarios, medios de comunicación, personas influyentes y segmentos de la sociedad.
El funcionario afirmó que los mecanismos de justicia transicional se convirtieron en parte integral de los esfuerzos para pasar del conflicto y el orden político autocrático caracterizado por la violencia, la división y la represión a un orden pacífico y democrático.
Por otra parte, y en el marco de la Justicia Transicional serán tratados los cargos penales contra líderes civiles y militares del Frente de Liberación Popular de Tigray por delitos cometidos durante el conflicto armado con el gobierno.
Un comunicado del Ministerio de Justicia así lo confirmó el 29 de marzo pasado y precisó que los procesos abiertos fueron retirados en conformidad con el Artículo 6 (3) (e) de la Proclamación No. 943/2008, el cual regula este tipo de decisiones teniendo en cuenta un interés público y previa consulta con el primer ministro.
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