La Presidenta Ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Marta Esquivel, dio a conocer que desde los años 90 del pasado siglo, esa entidad genera gastos superiores a los ingresos económicos.
Hace solo unos días, trabajadores de la Caja, como se conoce popularmente la institución pública, salieron a las calles para exigir una mesa de diálogo con los directivos para intercambiar criterios sobre la Ley de empleo público.
También ante su preocupación por las manifestaciones del Gobierno sobre la supuesta quiebra de la CCSS, la deuda económica del Estado con la institución y la posible privatización de servicios.
Encargada de la seguridad social de Costa Rica, la Caja administra dos grandes seguros: salud y pensiones, así como coordina y ejecuta programas tanto de prevención y asistencia a gran parte de la población de esta nación centroamericana.
Al presentar un balance sobre el estado financiero de la entidad pública fundada en 1940, Esquivel explicó que esa realidad implica un deterioro en la prestación de los servicios: compra de medicamentos, equipos, instalaciones, mantenimiento y disponibilidad de trabajadores calificados.
El hueco financiero contribuye al aumento exponencial de las listas de espera, afectadas también por malas administraciones, subrayó.
En sus argumentos señaló que la Caja no es caritativa ni universal y a pesar de abundantes evidencias, las anteriores Juntas Directivas no tomaron medidas para solucionar este problema.
Culpó de esta situación a anteriores administraciones, los cuales no tomaron acciones para proteger las finanzas y explicó además que Estados financieros no cumplen con las normas mínimas nacionales e internacionales, no se sabe cuántos son los activos y los inventarios, y que hubo intentos que resultaron fallidos para implementar nuevos sistemas
Una vez que la Presidenta Ejecutiva hizo estos anuncios, algunos diputados respondieron. Entre ellos Óscar Izquierdo, jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), una de las agrupaciones de este tipo más antiguas del país.
Izquierdo rechazó los argumentos sobre la realidad financiera de la institución, debido a la injerencia que Casa Presidencial ha tenido.
Recordó que el Gobierno tomó la Junta Directiva de la Caja, quitando a los representantes de los trabajadores, del sector cooperativo, sindical y el solidarismo, colocando ahí a personas afines del presidente.
Desde ese momento las decisiones de la junta directiva se tornan políticas, hay una administración de facto de la institución. Hablemos claro, la Caja está tomada por el Gobierno y ya no está representada por los sectores, no existe autonomía, no se respetan las leyes, afirmó.
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