El organismo impuesto por Washington al Gobierno puertorriqueño para controlar sus finanzas debido a su bancarrota fiscal con una deuda de 72 mil millones de dólares, desconoce, sin embargo, si tales incentivos producen algún beneficio económico o social, concluyó un análisis de Espacios Abiertos (EA).
La JSF lleva cinco años de recortes a servicios esenciales sin tocar el bolsillo de los incentivos contributivos que representan dos terceras partes, 67,7 por ciento, del gasto total que afecta al fondo general, aunque se desconoce si produce algún beneficio económico o social.
Según el analista senior de Política Pública de la organización Espacios Abiertos Daniel Santamaría-Ots los incentivos o gastos tributarios ascienden anualmente a 21 mil 194 millones de dólares o una tercera parte, 30,0 por ciento, del Producto Nacional Bruto (PNB).
En ese renglón de gastos, Puerto Rico está bastante por encima de otros países y jurisdicciones, aseguró el economista al poner como ejemplo que en Estados Unidos representan el 8,8 por ciento del PNB, en Argentina el 3,0 y en estados norteamericanos, como Massachusetts, el 2,6 por ciento.
Santamaría-Ots abundó que de los 21 mil 194 millones, el Gobierno deja de ingresar cada año 15 mil 691 millones de dólares por tasas preferenciales, 74,0 por ciento del total de gastos tributarios, debido a los incentivos que facilitan las leyes 135 de 1997 y 73 de 2008 de Incentivos Económicos para el Desarrollo de Puerto Rico.
El analista de Espacios Abiertos cuestionó la razón de la JSF para recortar servicios esenciales, como educación, salud o seguridad y no evaluar el coste al fisco de los incentivos, que se consideran un gasto para los puertorriqueños, y que se desconoce si rinden los resultados esperados.
También preguntó que a quiénes pretende beneficiar la Junta Fiscal, que lleva cinco años mirando para el otro lado mientras sus políticas destruyen oportunidades a los que deciden quedarse en esta isla del Caribe, bajo dominio colonial de Estados Unidos desde 1898.
Observó que para el próximo año fiscal, 2021-2022, que se inicia el próximo 1 de julio, la JSF propuso medidas de austeridad que implican, entre otros casos, la reducción de 5 millones de dólares al Ministerio de Salud, 2 millones al Centro de Diabetes y 1,2 millones al Centro Cardiovascular, y 94 millones a la Universidad de Puerto Rico.
Además, hay recortes de 120 millones de dólares en el reclutamiento de cadetes para la Policía de Puerto Rico; 44 millones para servicios esenciales del Fondo de Equiparación de los municipios y de 8,5 por ciento para aquellas pensiones superiores a mil 500 dólares mensuales.
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