El comunicado oficial, cuestiona que el ente publicó el 4 de julio un informe donde expresa que las aguas contaminadas por sustancias nucleares de la Planta Nuclear de Fukushima de Japón, que se vierten al Pacífico tendrán una «mínima» influencia en el medio ambiente, la calidad de agua, los animales marítimos y los sedimentos.
«La AIEA no es una organización para la evaluación ambiental. En ninguna página de la ley internacional, existe un artículo ni párrafos que estipulan que ellos puedan permitir al país o región específicos emanar las aguas contaminadas por sustancias nucleares», enfatiza la denuncia.
Japón, revela el texto, trata de lanzar al Pacífico un millón 300 mil toneladas de aguas contaminadas desde el verano de este año, tomando como pretexto legal el reporte del organismo nuclear, cuya postura ampara e instiga a verter aguas contaminadas por sustancias nucleares.
«De verter al Pacífico enormes cantidades de dicho líquido, los materiales de radioisótopo se expandirán a la mitad del Pacífico dentro de 57 días, y al mundo entero luego de 10 años.
Son sustancias radiactivas como el tritio y el carbono-14 que requieren al menos cinco milenios para su semidesintegración y causan tumores malignos y otros efectos fatales a la vida del ser vivo y el ambiente ecológico», recalca el comunicado.
No es casual, subraya la denuncia de la RPDC, que se revelen uno tras otro los secretos de que Japón ofreció un millón de euros a los empleados de la AIEA movilizados en la inspección del proyecto de emanación de aguas contaminadas por sustancias nucleares y que el gobierno nipón obtuvo con antelación el proyecto final y lo modificó.
Muestra típica de la pauta de doble rasero del director general de la Energía Atómica que antes cuestionaba el ejercicio de derechos legítimos del Estado soberano y hoy día ampara los actos antiéticos e ilegítimos de Japón, acota el documento que concluye haciendo un llamado a la comunidad internacional a pronunciarse al respecto.
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