El presidente del Comando del Departamento General del Estado de Emergencia, Temesgen Tiruneh, informó que la perturbación de la tranquilidad orquestada por grupos de delincuentes organizados generó problemas económicos, sociales y administrativos.
Tiruneh precisó que además de entorpecer las actividades de las instituciones prestadoras de servicios públicos, esos grupos lograron la fuga de varios reclusos al forzar las prisiones en algunas zonas.
“Y estos actos han estado obstaculizando las actividades agrícolas de la temporada de Meher y han impedido que los ciudadanos se muevan libremente para recibir servicios en la región”, enfatizó. Otros delitos cometidos son el robo y destrucción de instalaciones públicas.
Reiteró la posición del gobierno de que cualquier demanda debe abordarse a través de un mecanismo pacífico, aplicado en otras ocasiones, así como el cumplimiento de la ley.
El Consejo de Ministros declaró el viernes pasado el estado de emergencia en Amhara para controlar el conflicto armado entre las tropas gubernamentales regionales y el grupo armado Fano de esa localidad.
Durante el 23 periodo ordinario de sesiones, el gobierno hizo un llamado reiterado a las fuerzas armadas regionales a seguir el camino hacia mecanismos legales y pacíficos. “Las fuerzas armadas representaban una amenaza para las actividades políticas, sociales y económicas de la región”, según el Consejo.
La nota publicada por la Oficina del primer ministro Abiy Ahmed indicó que el deterioro de la situación es «una amenaza para la seguridad nacional y la seguridad pública», lo que exige la necesidad de una declaración formal de estado de emergencia.
Consideró que perturban en gran medida las actividades económicas y sociales generales de los residentes de la región y amenaza el orden constitucional.
El anuncio responde a una carta emitida el jueves por el presidente del estado regional de Amhara, Yelikal Kefale, solicitando al gobierno federal la intervención e “implemente el marco legal necesario” para controlar el deterioro de la crisis de seguridad.
La carta instó a tomar medidas apropiadas basadas en la constitución del país tras afirmar que la crisis estaba causando importantes problemas humanitarios, sociales y económicos, y que ya no era posible controlarla con las autoridades policiales regulares.
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