Basado en ese argumento el Estado heleno retira toda ayuda a los asilados tras rechazar su solicitud, los que quedan desprotegidos en islas griegas y convierte a esos territorios del mar Egeo en lugares de encierro.
Turquía reconoce la Convención de Ginebra sobre los Refugiados solo para quienes proceden de Europa y desde marzo de 2020 ese país no acepta la devolución de solicitantes de asilo desde Grecia.
De esa forma centros de acogida como Moria, en la isla de Lesbos, arrasado por un incendio el pasado año, se erigen como ‘símbolo de vergüenza para el continente’, destaca un comunicado rubricado por cerca de 40 ONGs, entre estas la sección helena de Médicos del Mundo y el Consejo Griego para los Refugiados.
Pedimos a las autoridades nacionales y europeas que respeten su deber de proteger a los indocumentados, reclaman los firmantes.
Las ONGs argumentan que el decreto afecta sobre todo a niños y adolescentes no acompañados pues, según datos oficiales del Centro Nacional de Solidaridad griego, el 68 por ciento de los menores registrados en Grecia provienen de Siria, Afganistán y Pakistán.
El Gobierno heleno prevé retomar la devolución de migrantes a Turquía bajo el amparo de un decreto firmado este mes y sustentado en el artículo 38 de la directiva europea sobre protección internacional de 2013.
Esa legislación permite al servicio de asilo no examinar a fondo las demandas de los ciudadanos de los citados países que llegan a Grecia desde la nación euroasiática.
Mientras los refugiados, asilados y migrantes indocumentados sufren por las malas condiciones de los centros de acogida, agravadas por la incidencia de la Covid-19.
Dicha situación persiste en un contexto signado por la falta políticas comunes en el seno de la Unión Europea y el reclamo creciente de organismos internacionales y de derechos humanos en busca de una solución para quienes demandan mejores condiciones de vida en el llamado viejo continente.
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