Un comunicado de prensa del ministerio de Relaciones Exteriores asegura que el proceso, iniciado este jueves por la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP), no tiene el consentimiento de las autoridades del país.
El Gobierno manifestó en marzo su compromiso de efectuar una indagación conjunta con la UA para determinar las características de varios hechos ocurridos los últimos ocho meses en el estado regional, apunta el texto.
Añade, además, que el viceprimer ministro, Demeke Mekonnen, y el presidente de la Comisión de la UA, Moussa Faki Mahamat, ‘debatieron acerca del camino a seguir en consonancia con la orientación política del Consejo de Paz y Seguridad’ de la organización continental.
Mahamat, afirma, apreció la iniciativa, y la CADHP la aceptó en un mensaje dirigido al primer ministro, Abiy Ahmed.
Resulta lamentable observar que, pese a esos pasos, hubo un anuncio unilateral sobre el comienzo de la investigación, completamente fuera del alcance de la invitación gubernamental y sin base jurídica, señala la comunicación.
Agrega que ‘si bien Etiopía hizo un compromiso de buena fe para facilitar el trabajo conjunto, la decisión de la CADHP socava el espíritu de cooperación y los esfuerzos en curso para formalizar las modalidades de la investigación declarada’.
‘Es incompatible también con la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos’, indica, y explica que esa institución de la UA ‘está obligada a comprometerse con los estados miembros en una asociación constructiva y basada en principios’.
Todavía tiene oportunidad de rectificar este paso desafortunado e inútil y emprender de buena fe una investigación conjunta que ya ha aceptado, subraya la declaración.
Tales acciones, dice el comunicado, no ayudarán a la promoción y protección de los derechos humanos y de los pueblos en África, más bien minarán la confianza entre los países.
Al optar por proceder en una dirección tan equivocada, la Comisión frustrará el propósito para el que fue establecida, advierte.
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