A propósito del primer aniversario del Acuerdo de Paz de Pretoria el 2 de noviembre pasado, el texto precisó que ese documento firmado entre el Ejecutivo y el Frente de Liberación Popular de Tigray (TPLF) fue decisivo para silenciar las armas y allanar el camino para la normalización gradual de la vida en el norte del país.
Inmediatamente se aceleró y facilitó la prestación de asistencia humanitaria y la reanudación de todos los servicios esenciales en la región de Tigray, además de poner en funcionamiento una Comisión de Rehabilitación responsable del proceso de desmovilización y reintegración de los excombatientes del TPLF, agregó el comunicado.
Destacó entre las medidas implementadas el levantamiento de la designación de grupo terrorista y la proscripción del Frente por parte de la Cámara de Representantes de los Pueblos (parlamento), así como la liberación de los prisioneros en un intento por generar aún más confianza.
Esto último, continuó, permitió al Gobierno retirar todos los cargos presentados contra altos jefes del grupo armado.
De igual modo, fue establecida una administración regional interina y se proporcionaron subvenciones presupuestarias y apoyo a través de transferencias fiscales federales, asistencia sectorial y horizontal de otras regiones.
“Para poner este proceso sobre una base sólida, estamos ultimando la formulación de una política nacional integral de justicia de transición para garantizar la rendición de cuentas y la reconciliación”, añadió.
En lo que respecta a las zonas en disputa, el Gobierno federal reunió a los estados regionales en disputa para encontrar una solución pacífica y legal al problema.
Teniendo en cuenta la Constitución etíope, esa posición implicó el regreso de los desplazados internos, la reanudación de las actividades agrícolas, el establecimiento de administraciones locales seleccionadas entre los residentes, la transferencia de todas las funciones de seguridad y aplicación de la ley en estas áreas a las fuerzas federales.
“La paz sostenible implica reciprocidad por ambas partes. Como entorno posconflicto, el pueblo de Tigray requiere que todos los servicios del gobierno regional funcionen en interés de la gente de la región a través de servidores públicos”, subrayó la nota oficial.
El Gobierno, por su parte, redoblará sus esfuerzos para consolidar la paz y garantizar la plena implementación del Acuerdo de Paz, concluyó.
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