Así lo comunicaron varias instituciones durante los últimas horas, incluidas la administración interina de esa jurisdicción y la Comisión de la Policía Federal, luego del asesinato de una española y dos etíopes, cooperantes de Médicos Sin Fronteras (MSF).
Varias entidades y organizaciones civiles condenaron el crimen, según notificación oficial ejecutado por integrantes del Frente de Liberación Popular de Tigray (TPLF) y aliados a esa organización, a los cuales acusan de actos violentos contra trabajadores humanitarios.
Uno de los últimos ataques de prófugos del TPLF (siglas en inglés), criminales bajo cualquier estandarte, provocaron la muerte de María Hernández y Yohannes Halefom, coordinadores de MSF, y Tedros Gebremariam, denunció el director ejecutivo provisional de Tigray, Abrham Belay.
Tigray está entristecido y llamamos a todos, dentro y fuera de nuestro estado y país, a condenar en voz alta este atentado contra los esfuerzos de socorro y salvamento de diferentes organizaciones, dijo Belay.
Mensajes similares divulgaron varios líderes religiosos y comunitarios, más el Gobierno, que continuamente pide a los colaboradores trabajar en el norte etíope con escoltas militares para aumentar la seguridad y evitar las tragedias perpetradas por el Frente.
De acuerdo con la policía federal, durante meses algunas personas que llevan ayuda humanitaria a Tigray ‘se han convertido en víctimas de ataques esporádicos por parte de la junta del TPLF por operar sin el acompañamiento de las fuerzas gubernamentales’.
Asimismo, instó a ‘adoptar las máximas precauciones en áreas donde el grupo terrorista y sus aliados se esconden tomando al público como escudo’ y reiteró que las medidas de aplicación de la ley continuarán su curso’.
En noviembre de 2020, un grupo armado del TPLF atacó el Comando Norte de la Fuerza de Defensa Nacional, agresión a la que el primer ministro Abiy Ahmed respondió con una ofensiva militar para neutralizarlo y restablecer el orden constitucional.
Desde entonces hay un gobierno provisional en Tigray y comenzaron procesos judiciales contra líderes del Frente, acusados de subvertir legislaciones, masacrar civiles, incitar a violencia étnica y violar derechos humanos, entre otros delitos consumados presuntamente antes y después del ataque.
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