La primera reunión del 2024 entre representantes del Ejecutivo, Legislativo y Judicial para encarar la ola de criminalidad que dejó 907 fallecidos durante el año recién concluido, elaboró una propuesta para reformar este acápite.
Vamos a trabajar en una reforma en la línea de la prisión preventiva. Tenemos que atacar la delincuencia que se está dando en el país, explicó a la prensa luego de los debates la ministra de la Presidencia Natalia Díaz.
Desde el Ejecutivo se trabaja en un texto que ataque la situación puntual de la prisión preventiva, subrayó.
En el arranque del 2024 el número de homicidios es mayor al registrado en el mismo período del año pasado, con 19 asesinatos hasta el 8 de enero, por 14 del 2023; es decir, hay cinco más, lo que genera un mal presagio respecto al tema.
La diputada Gloria Navas, presidenta de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico del Parlamento explicó que la disposición del artículo 239 del Código Penal establece otras disposiciones, donde se sujeta la prisión al peligro de fuga y otros elementos, explicó.
Creemos que lo más importante es la probabilidad del hecho y eso facilitaría la aplicación de la prisión y no dejarla como en este momento, subrayó.
La nueva comisión con representantes de los poderes del Estado comenzó a principios de diciembre último sus funciones para hacer frente a la situación de inseguridad y criminalidad que vive el país, tema que mantiene preocupados a los costarricenses.
El nuevo grupo se concretó luego de varias discrepancias entre el Gobierno y el Congreso sobre cómo abordar el tema de la seguridad.
Integrado por la ministra de la presidencia Natalia Díaz, la diputada Gloria Navas y un representante del Ministerio Público, con ellos trabajarán además equipos de asesores.
El objetivo es analizar todos los proyectos de ley en materia de seguridad y generar documentos idóneos para que puedan ser discutidos en el Congreso.
Costa Rica experimenta una ola de homicidios causada entre otros aspectos por el narcotráfico, el ajuste de cuentas, el control de localidades y la legitimación de capitales, según argumentan las autoridades.
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