Según la cancillería, el dictamen es improcedente porque la Comisión de Derechos Humanos etíope y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos ‘están realizando una investigación conjunta de todas las presuntas violaciones cometidas’ en ese septentrional estado regional.
Desde que presentaron la propuesta, fue solicitada su exclusión ‘con la premisa de que, en primer lugar, es prematura y, en segundo lugar, interfiere y socava la integridad de las investigaciones conjuntas en curso’, asevera la comunicación del Ministerio.
El equipo especializado, explica, comenzó su trabajo en mayo pasado y debe finalizarlo el próximo mes de agosto.
Además, el alcance de las investigaciones creció mediante la coordinación de los esfuerzos del sistema de justicia militar, las autoridades policiales regionales y los fiscales federales, añade.
De acuerdo con el comunicado, el gobierno solicitó ante el organismo de la ONU tiempo y espacio para continuar y concluir la indagación con el rigor requerido.
No existe, declara, ningún fundamento moral ni legal para justificar la adopción inoportuna de una resolución.
Un compromiso constructivo, en lugar de una decisión apresurada del Consejo, habría contribuido a llevar rápidamente a buen puerto los esfuerzos en curso. Por estos motivos, Etiopía rechaza esta resolución, subraya.
Asimismo, reafirma que ‘quienes estuvieron involucrados en la comisión de delitos serán llevados ante la justicia y castigados con todo el peso de la ley’.
El gobierno reitera una vez más su compromiso de cumplir con las obligaciones nacionales e internacionales para garantizar el respeto a los derechos humanos, señala el comunicado.
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