Varias veces los últimos días, el gobierno denunció la criminalidad del Frente tras el alto al fuego decretado en junio y sus acusaciones comenzaron a compartirla etíopes de dispares filiaciones políticas y credos religiosos.
Centenares de ellos integran la diáspora y, en una campaña en Twitter, solicitan investigar los supuestos crímenes cometidos por la organización, para defender al país y el denominado Cuerno Africano.
Uno de los últimos en alzar la voz fue el Partido Demócrata de Tigray, al llamar ‘a responsabilizar al grupo de utilizar niños como soldados’.
Irrespeta leyes internacionales y pretende desmantelar la nación. Deben procesarlo por sus violaciones, dijo recientemente Teshale Negusse, uno de los líderes del partido.
También reprochó la actitud de entidades humanitarias porque, según dijo, ‘no prestan la debida atención a la violencia de la junta contra la niñez’.
En Amhara, estado donde son constantes los ataques desde el armisticio, el TPLF igualmente choca contra el rechazo de muchos.
El vicepresidente de la región, Fanta Mandefro, lo acusó de ‘desplegar una ofensiva para dominar el territorio y agredir a civiles en maniobras con el objetivo de realizar limpieza étnica’.
Las administraciones de las jurisdicciones de Afar, Benshangul Gumuz, Gambella y Harari, publicaron declaraciones contra el otrora partido gobernante de Tigray, cuyos actos consideran enfocados a poner a la nación bajo sus pies.
Junto a la región de las Naciones, Nacionalidades y Pueblos del Sur, lo exhortaron ‘a detener las operaciones destructivas’, y manifestaron su disposición a proteger al pueblo.
Para el ministerio de la Mujer, la Juventud y la Infancia, en tanto, ‘debe formalizarse el procesamiento del TPLF por violar varias convenciones internacionales’.
Ya propagaron mucho terror, deben juzgarlo, señaló el gabinete en un comunicado que critica ‘a las organizaciones por callar, mientras el grupo droga y arma niños’.
Desde noviembre de 2020 las autoridades federales sostienen un enfrentamiento armado contra el TPLForganización política declarada grupo terrorista por el Parlamento y presunta responsable de numerosas violaciones de los derechos humanos.
El gobierno etíope declaró de manera unilateral un alto al fuego, pero el Frente, según acusaciones oficiales, continúa las operaciones militares, la mayoría contra civiles.
Y a la repulsa casi nacional por ello, incluso, se suman también acusaciones desde fuera de Etiopía. Una de las más sonadas la manifestó la ex diplomática portuguesa Ana Gomes, quien calificó de terrible la brutalidad del TPLF.
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