La organización, además, asesinó a otros 133 civiles en agresiones contra ciudades y escuelas del estado regional, de donde fueron desplazadas cientos de personas, de acuerdo con la estatal agencia de noticias ENA.
Junto con los de Tigray, los pobladores de las regiones de Amhara y Afar sufren la actividad criminal del TPLF, pese al alto al fuego declarado de manera unilateral por el gobierno, denuncia la notificación.
Recientemente, en territorio de Afar, la policía incautó 56 quintales de hachís, que supuestamente estaban en manos de colaboradores del Frente y estaban destinados para suministrárselos a los niños utilizados en actos violentos.
Desde noviembre de 2020, las autoridades federales sostienen un enfrentamiento armado contra el TPLF organización política declarada grupo terrorista por el Parlamento y presunta responsable de numerosas violaciones de los derechos humanos.
En junio pasado el gobierno etíope declaró de manera unilateral un alto al fuego, pero el Frente, según acusaciones oficiales, continúa las operaciones militares, la mayoría contra civiles.
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