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Frente de Tigray impide ayuda a desplazados en región de Etiopía

Addis Abeba, 1 sep (Prensa Latina) Miles de desplazados en la región de Afar carecen de acceso a la asistencia humanitaria, como consecuencia de acciones del Frente de Liberación Popular de Tigray (TPLF), según denunció hoy el Gobierno de Etiopía.

De acuerdo con una comunicación oficial, ‘después de un reciente ataque contra la ciudad de Berhale, ubicada en ese estado regional, aumentó el número de personas necesitadas de ayuda, pero las fuerzas del Frente obstaculizan todas las gestiones para auxiliarlas’.

Debido al bloqueo realizado por la organización terrorista, miles de ciudadanos albergados en la escuela primaria Shay Gube de Berhale no pueden recibir ningún tipo de apoyo humanitario, asegura el texto divulgado en esta capital.

‘Hasta ahora han dependido de la ayuda vital que reciben de la comunidad y solicitaron protección, además de productos de primera necesidad, porque la situación empeora cada hora que dura la beligerancia del TPLF (siglas en inglés)’, explica la notificación.

Las regiones de Afar y Amhara sufren constantes embestidas de reclutados e integrantes del Frente, después de que el gobierno retiró el ejército federal de Tigray en junio último, denunciaron diferentes entidades gubernamentales.

Más de medio millón de etíopes fueron desplazados en ambos territorios y alrededor de 4.5 millones están afectados de alguna manera en el norte del país, denunció recientemente la secretaria de prensa de la Oficina del Primer Ministro, Billene Seyoum.

En noviembre pasado, el Frente atacó a las Fuerzas de Defensa Nacional en el septentrional estado de Tigray y el primer ministro Abiy Ahmed respondió con una ofensiva militar para neutralizarlo y restablecer la legalidad en la demarcación.

Desde entonces comenzaron procesos legales contra varios líderes, mientras las Fuerzas de Defensa Nacional persiguen a integrantes del grupo prófugos de la justicia, acusados de cometer graves violaciones de los derechos humanos.

A finales de junio el gobierno decretó un armisticio para facilitar las labores agrícolas y garantizar la asistencia humanitaria, pero la agrupación, declarada terrorista por el Parlamento, lo rechazó y aumentó su criminalidad contra civiles.

oda/raj

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