De los 470 que aspiran a formar parte del Legislativo, 221 son delegados de base, 135 de ascendencia provincial y 114 de origen nacional, seleccionados en un proceso escalonado que contó con la opinión de diversos actores de la sociedad, a quienes representarán por un período de cinco años.
Así, en correspondencia con la población residente en cada zona del país, la región occidental está representada por 180 diputados, el centro por 130 y la región oriental por 160, provenientes de todos los sectores, que incluye a los nuevos actores económicos, siendo los de educación, salud, deportes y prensa los más representados.
La legislación electoral cubana establece que cada municipio del país debe tener una cantidad de diputados en relación con la cifra de residentes, en proporción de uno por cada 30 mil habitantes, lo que garantiza que cada territorio disponga como mínimo de dos legisladores electos.
Destaca en esta oportunidad la presencia mayoritaria de mujeres en las candidaturas, como expresión de su desempeño en todas las esferas de la vida social y económica. Ellas constituyen más de 50 por ciento de la fuerza científica y tecnológica del país.
De aprobarse en las elecciones de marzo esta propuesta, Cuba mantendrá un hito alcanzado en el 2018, pues tendrá otra vez el segundo parlamento con más mujeres en el mundo: 55,3 por ciento de diputadas del total de legisladores.
Asimismo, la cantidad de jóvenes entre los candidatos creció casi un siete por ciento con respecto a la anterior legislatura; en esta aparecen 94 personas de entre 18 y 35 años de edad, lo cual representa un 20 por ciento del total de parlamentarios que conformarán la nueva Asamblea.
La cifra supera en 6,8 puntos porcentuales el número de representantes de ese segmento etario en la legislatura actualmente en funciones, en la que se encontraban en ese rango de edad 80 diputados.
En esta candidatura, la edad promedio del principal ente legislativo cubano es de 46 años, tres menos que la del actual parlamento.
La ausencia de partidos electorales en Cuba permite que las organizaciones que integran la Comisión de Candidaturas se conformen en sujetos electorales, y garanticen la participación activa de todos los sectores populares aunando la pluralidad de intereses y fortaleciendo el papel de la sociedad civil en la reproducción del consensos.
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