No son las que estaban previstas, pero podría afirmarse que es la mayor labor legislativa para un parlamento cubano en tan corto periodo de tiempo y en medio de circunstancias muy adversas.
La carta magna que entró en vigor el 10 de abril de 2019 trazó el camino para un nuevo ordenamiento jurídico en pos de asegurar sus postulados, dar cuerpo a su articulado y avanzar en lo que el propio texto constitucional denomina Estado socialista de derecho y justicia social.
Sin embargo, no fue solo la existencia de la Ley de Leyes lo que motivó un calendario de aprobación de normativas conformado inicialmente por 39 leyes y 31 decretos-leyes, que debían discutirse hasta 2023.
La necesidad de ajustar el derecho a las transformaciones socioeconómicas realizadas en el país en los últimos años, de incorporar los contenidos de tratados y protocolos internacionales suscritos por la isla, y de lograr una organización estatal y gubernamental más funcional y moderna, modelaron también la urgencia de nuevas disposiciones legales.
En palabras del líder de la Revolución, Raúl Castro, la Constitución reflejó las circunstancias históricas de la construcción de la sociedad y amparó jurídicamente los cambios acaecidos con visión de futuro.
Sus postulados fueron diseñados para una mayor institucionalización y fortalecimiento del Estado, pero para hacer efectivos sus preceptos era necesaria una intensa actividad legislativa, con vistas a cumplir las normas previstas en las Disposiciones Transitorias.
UNA PANDEMIA, UNA VOLUNTAD
En diciembre de 2019, mientras en Wuhan, China, comenzaban a ponerse alertas ante la aparición del SARS-CoV-2 y la enfermedad que sería conocida como Covid-19, en Cuba el Parlamento organizaba un cronograma que le permitiera alcanzar el propósito de un nuevo ordenamiento jurídico.
Para ese momento ya había sido aprobada la Ley Electoral, en respuesta a una de las disposiciones de la carta magna, y también los cuerpos legales que regulan el funcionamiento de la Asamblea Nacional del Poder Popular y de las asambleas municipales.
Por delante quedaba un arduo trabajo para concretar las normas vinculadas al funcionamiento de las estructuras del Estado y el Gobierno, así como otras necesarias, lo que implicaría un esfuerzo enorme de los diputados.
El Parlamento, único órgano con capacidad legislativa en el país, se reúne anualmente dos veces de manera ordinaria y puede realizar tantos encuentros extraordinarios como sean necesarios, mas debe tenerse en cuenta que quienes lo integran no se dedican de manera profesional al cargo de representantes de la ciudadanía.
En esas circunstancias, seguir al pie de la letra el calendario trazado era el mejor modo de lograr el análisis y aprobación de 39 leyes y 31 decretos-leyes durante el mandato, pero nadie contaba con el hecho de que la nueva dolencia se convirtiera en una pandemia que paralizaría al mundo.
Ello provocó que hasta octubre de 2020 no fuera posible reunir al Legislativo, y que al momento de hacerlo, debido al riesgo latente, fuera preciso acudir a la modalidad híbrida, con una parte de los diputados asistiendo a la sesión de manera virtual.
También cambió el método de debate de los proyectos antes de su presentación al Parlamento, pues frente a la imposibilidad de reunir a los parlamentarios en sesiones de estudio y por zonas geográficas, igualmente resultó ineludible emplear las tecnologías para propiciar el intercambio.
Las dos sesiones del año se efectuaron y asuntos importantes como la revocación de mandatos, lo referente al funcionamiento de la Presidencia de la República, la Vicepresidencia y de los gobiernos provinciales lograron salir adelante a pesar de la adversidad.
Aun así, al cerrar el año la Asamblea acordó un reajuste del cronograma que contemplaba la aprobación de 26 leyes y 29 decretos leyes en los dos calendarios siguientes, con el objetivo de recuperarse de los atrasos.
En 2021, sin embargo, la Covid-19 fue más agresiva y otra vez resultó imposible reunir al legislativo hasta octubre, cuando disminuyó el ritmo de contagios y las vacunas obtenidas en la nación caribeña comenzaron a mostrar su efectividad.
En la sesión parlamentaria del cierre de 2021, el presidente Miguel Díaz-Canel ponderó la labor de los grupos de trabajo encargados de elaborar los anteproyectos de leyes, los cuales de manera ininterrumpida asumieron su tarea, a pesar de la situación epidemiológica.
Esto permitió que los obstáculos no significaran un detenimiento, y que a las puertas del 2022 otras disposiciones vieran la luz.
El mandatario también reconoció las complejidades de algunos temas, para cuyo abordaje en materia jurídica hubo necesidad de ampliar las consultas con expertos y corregir varios contenidos de las normativas, o incluso posponerlas.
Otro elemento que caracterizó este periodo fue la inserción en el cronograma de leyes y decretos ley no previstos, y la elevación a un rango superior, de aquellos decretos ley referidos a los derechos fundamentales de las personas.
“Queremos ratificar la invariable voluntad de perseverar en el propósito de poder contar con las normas jurídicas necesarias para implementar el nuevo texto constitucional y evitar a futuro cualquier vacío legal”, subrayó Díaz-Canel, al abordar el tema ante el Parlamento.
Añadió que legislar es un acto muy serio y determinante en el destino de todos los ciudadanos, por lo que aunque corresponde hacerlo en el menor tiempo posible, la responsabilidad social obliga a meditar cada tema, buscar consensos y obtener el mejor resultado posible.
No obstante, una vez más reajustaron el calendario previsto, en busca de avanzar todo lo posible, y al reto de analizar 27 normativas en solo 12 meses, sumaron la de enfrentar, por primera vez, un referendo popular para la puesta en vigor de una ley.
El Código de las Familias, un proyecto necesario en tanto había que dar respuesta desde el derecho a todos los cambios en la sociedad y en este ámbito en particular, finalmente quedó listo para la consulta a la ciudadanía, su aprobación en el Parlamento y someterlo al voto popular.
Sus aprendizajes significaron también un cambio en el modo de conformar los cuerpos legales, pues mostraron la validez de la participación de expertos y personas vinculadas a su aplicación, en los debates precedentes al escrutinio público y el análisis de los diputados.
EN LOS ALBORES DE UNA NUEVA LEGISLATURA
Con nueve leyes aprobadas y cinco proyectos divulgados y en espera de presentarse en la próxima sesión del Legislativo, el 2022 ha sido el periodo más prolífico, pese a no estar exento de dificultades.
De pasar en el próximo diciembre estas cinco propuestas, Cuba llegaría a los albores del nuevo mandato con 32 nuevas disposiciones jurídicas y casi 80 decretos leyes desde la proclamación y publicación de la Constitución de la República, el 10 de abril de 2019.
Otro aspecto relevante de esta etapa, de acuerdo con las palabras del ministro de Justicia, Oscar Silvera, fueron las experiencias.
Al exponer frente a los diputados el tema en diciembre pasado, enumeró como parte de esos aprendizajes a la importancia de potenciar el acompañamiento de la academia desde el comienzo del proceso de elaboración de las normas jurídicas.
También a la inclusión, de manera más activa, de representantes de todos los organismos que inciden en la materia objeto de regulación, para que desde el primer momento las normas tengan la coherencia y robustez requeridas.
Asimismo, ponderó la ampliación de los canales de participación ciudadana, que además de brindar un carácter más transparente y democrático al proceso legislativo, le aportan a los textos el conocimiento y la sabiduría popular.
No todo es, sin embargo, color rosa. Algunos critican que leyes como la de la Vivienda, la Salud y la del derecho de manifestación y reunión continúen a la espera, al igual que otras relativas a las reformas económicas en el país.
En un escenario complejo la prioridad fue para el ordenamiento de las estructuras de Estado y Gobierno, una profunda reforma judicial y derechos como los expresados en el Código de las Familias, afirman las autoridades locales.
Constituyen avances importantes, dijo Díaz-Canel en mayo último, pero no son suficientes, y añadió que junto a las leyes es necesario elevar los niveles de educación cívica y cultura jurídica, para hacer realidad lo legislado.
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